La copropiedad de un inmueble —también llamada proindiviso— no solo surge por herencias. Aparece en divorcios, inversiones conjuntas o compras compartidas, y genera muchas dudas prácticas.
Cada copropietario puede usar el inmueble, siempre que no perjudique a los demás, y puede vender su cuota, aunque esto último rara vez es una solución eficaz.
Lo que no puede hacerse es disponer del inmueble completo sin el consentimiento del resto. Este límite es estrictamente inmobiliario y no depende del origen de la copropiedad.
Cuando no hay acuerdo, la ley permite acudir a la división de la cosa común, un procedimiento que desemboca normalmente en la venta del inmueble y reparto del precio. Es legal, pero suele ser la opción menos rentable.
Antes de llegar a ese punto, un asesoramiento adecuado puede facilitar acuerdos más eficientes y evitar litigios largos y costosos.